noticias-antioquia 22 noviembre, 2020



Los graves problemas de seguridad de Colombia, sus conflictos armados y -desde hace algún tiempo- el narcotráfico han afectado históricamente al Ecuador desde el inicio de la República. Sobreviene, entonces, cuando las crisis hacen grandes titulares en la prensa, la pregunta de por qué Colombia no logra superar esa reiterada problemática.

Ecuador se vio involucrado en cuatro de las ocho guerras civiles desatadas en Colombia en el siglo XIX. Y, en tiempos más recientes, los coletazos de la violencia han golpeado frecuentemente al país. De ello dan fe las antiguas incursiones del M19, la constante presencia guerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano, incluyendo el caso de su cabecilla Raúl Reyes -quien fuera ultimado en la provincia de Sucumbíos-, las fumigaciones con glifosato y, finalmente, el asesinato de los tres integrantes del equipo periodístico de EL COMERCIO.

Colombia tiene una tendencia histórica a reconvertir los fenómenos de violencia, porque no acaba de superar la condición sine qua non que los facilita: la insuficiencia del Estado, expresada en la ausencia de las instituciones públicas en buena parte del territorio, y la carencia del monopolio de la fuerza.

Pero detrás de esta condición, que sirve de telón de fondo para la sucesión de conflictos y violencias desde 1810, las causas del desate de las conflagraciones están vinculadas a razones más complejas. Por ejemplo, durante el siglo XIX y buena parte del XX, el carácter excluyente de las élites liberales y conservadoras devino en una alta pugnacidad por el control del poder en el fragmentado país, dando paso a las guerras civiles y, después, a su reconversión en una guerra campesina agitada desde los conciliábulos de los partidos liberal y conservador, en el llamado periodo de La Violencia (1946-1962).

En el siglo XX, al decaer el enfrentamiento sectario liberal-conservador pero no el carácter excluyente de las élites políticas, el Frente Nacional -emanado del acuerdo bipartito- al no dar cabida dentro del sistema político a los movimientos contestatarios surgidos como reacción a las graves condiciones de inequidad socioeconómica, originó una tercera reconversión, con la efervescencia de grupos guerrilleros que acabaron desatando el conflicto armado, a partir de 1964.

El 6 de noviembre de 1985, a las 11:30, un comando del M-19 llevó a cabo la toma del Palacio de Justicia, que terminó en destrucción y muertes. Foto: Radio Nacional Colombia

Una debilidad que se inicia en la Colonia

El Estado colonial que gobernó la Nueva Granada fue ya un Estado débil, sin presencia importante en el territorio. De hecho, salvando el vital puerto de Cartagena, carecía de una fuerza militar suficiente en el interior, situación a la cual se acostumbraron las clases dirigentes, considerándola condición necesaria para garantizar su predominio indisputado.

Al producirse la Independencia, en 1810, y dilucidarse el problema del poder, ya no por la decisión omnímoda del monarca español sino por las fragmentadas élites colombianas, la debilidad del Estado abrió espacio a la resolución violenta de las diferencias políticas. Estalló así, a los pocos meses de proclamada la primera Independencia, la guerra civil que enfrentó a los caudillos locales, quienes no acertaron a concertar en paz una forma nacional de gobierno.

Años después, a partir de 1830, tras la disolución de la Gran Colombia, la pobreza proveniente de la destrucción y los costos de las guerras de Independencia hipotecaron al país -ya de por sí uno de los más modestos de Hispanoamérica- y le condenaron a un destino de penuria en las arcas fiscales, con el consiguiente anquilosamiento de las estructuras estatales que, carentes de fortaleza militar, dejaron abierto el camino de la guerra como mecanismo de consecución del poder, lo cual en un ciclo vicioso generó más destrucción y pobreza. Colombia mantendrá un crecimiento económico promedio del 0,1% per cápita entre 1810 y 1900.

Y lo peor de todo fueron los costos humanos. Las sucesivas guerras civiles libradas entre 1810 y 1903 se cobraron cerca de 140 000 vidas, en un país que pasó de los 1,7 millones a los 4,2 millones de habitantes.

A partir de 1903, con el dolor que significó la pérdida de Panamá, y la captación de cierta fuerza por parte del Estado central, las guerras civiles habrían de quedar agotadas como mecanismo para lograr el poder, pero no así los enfrentamientos en el campo, que en el período de La Violencia tendrían 200 000 muertos.

No obstante, esta orgía de sangre serviría solo de preámbulo a un nuevo enfrentamiento: el conflicto armado, aún no superado hasta nuestros días.

Violencia interminable

Con un Estado débil, solo al ver su predominio severamente cuestionado a principios del siglo XXI, las élites colombianas dieron paso al diseño de una política de seguridad, bajo el régimen de Álvaro Uribe. Sin embargo, aun así, el Estado colombiano ha permanecido insuficiente y, para efectos prácticos, ausente en más de la tercera parte del territorio. Y lo que es igual de grave: con una Policía y un Ejército carentes del monopolio de la fuerza, por lo que aún -y pese a las buenas intenciones del Acuerdo de Paz suscrito con las FARC en el 2016- la violencia permanece en el campo colombiano, esta vez agudizada por bandas criminales, disidentes de las FARC y fuerzas del Ejército de Liberación Nacional.

Y peor todavía, el espacio sigue abierto para el desarrollo de la narcoproducción, máxime cuando el Gobierno colombiano no ha realizado un decidido intento de llevar adelante la reforma agraria integral, prevista en los Acuerdos de Paz, ni una sustitución efectiva de los cultivos de hoja de coca.

Todo esto permite concluir que al no superarse el telón de fondo y las causas de la violencia y el crimen, es previsible que Colombia -áreas de frontera incluidas- continúe en su permanente reconversión de violencias, solo alteradas por la renovación de los factores que inciden en ellas.
*Diplomático, periodista y escritor ecuatoriano.